La promesa con la que el gobierno presentó el decreto 1174, denominado “Piso de Protección Social”, fue la ampliación de la cobertura en seguridad social, al incluir en el sistema a aquellas personas que devengan menos de un salario mínimo mensual (SMMLV).
Tal como fue presentado, todo parecerían ser beneficios; es evidente que nadie se opone a que aquellas personas con menores ingresos puedan tener las garantías que un buen sistema de protección social promete y que cuenten con una pensión en su vejez. No obstante, la lectura detallada del decreto 1174 permite ver que el proyecto tiene poco de protección y menos de social.
Empecemos por lo básico ¿quién asume la vinculación y aporte al Piso de Protección Social? En el caso de trabajadores con contrato laboral (tiempo parcial o prestación de servicios) que ganan menos del SMMLV el aporte lo hace el empleador y es del 15% del ingreso mensual del trabajador. Porcentaje adicional al valor convenido a pagar por la realización del trabajo.
Por su parte aquellos trabajadores que no tengan contrato laboral o sean independientes, cuyos ingresos sean menores al salario mínimo, deberán pagar con recursos propios el 15% de su ingreso mensual.
Este punto es fundamental, porque de manera explícita se incentiva al empleador a desmejorar las condiciones contractuales de sus empleados. Para el empleador resulta más rentable, contratar con el mismo salario de un o más SMMLV de un empleado, a dos o más trabajadores por horas o tiempo parcial, afiliándolos al nuevo sistema de Piso de Protección Social, con lo cual solo tendrá que pagar el 15% sobre su salario; ahorrándose así el pago al sistema de riesgos laborales y al sistema general de pensión. Esto en el caso de que decida seguir teniendo un contrato de vinculación con el empleado porque el otro escenario es la contratación de trabajadores autónomos, independientes o freelance en los que directamente el pago del 15% recae en el trabajador.
El empleado que ahora pase a este nuevo sistema de Piso de Protección Social se enfrentará a tres problemas grandes. El primero es que pasará del régimen contributivo al régimen subsidiado en salud, lo cual implica, entre otras cosas, la negación de servicios básicos como la licencia de maternidad y paternidad o el subsidio por incapacidad por enfermedad de origen común.
Por otro lado, pasará del sistema general de pensiones (que actualmente garantiza al menos la pensión por el valor de un SMMLV) al sistema de ahorro individual y voluntario, conocido como BEPS, como el mecanismo de “protección a la vejez”, lo cual es una cuenta de ahorro individual en que al final de su vida laboral, los trabajadores solo podrán recibir lo que hayan alcanzado a ahorrar más un porcentaje que les otorgará el gobierno. Es importante mencionar que el Informe de Gestión del 2020 de Colpensiones reconoce que en promedio se le entrega a cada beneficiario del BEPS $283.146 bimestrales, esto es, $141.573 mensuales como pensión.
Finalmente, estos trabajadores pasarán del sistema de riesgos profesionales al contemplado en el nuevo sistema denominado Seguro Inclusivo en el cual, en caso de accidente o enfermedad laboral que limite su capacidad profesional, solo recibirá un monto único de dinero, eliminando el derecho a pensión por invalidez, el pago de incapacidades laborales y el servicio de rehabilitación o readiestramiento para el trabajo en caso de ser necesario.
Sin lugar a dudas este nuevo sistema de des-protección social, es una excelente herramienta para llenar titulares con la falsa idea del camino a la superación del problema de la informalidad y el desempleo; sin embargo, lo que ocultan estos titulares es la precarización de las condiciones contractuales.
Es innegable la necesidad de un sistema de protección social universal que, independientemente del carácter contributivo o subsidiado del beneficiario, satisfaga las necesidades de cobertura y calidad requeridas para una vida digna y que se adecue a las necesidades de la población a lo largo de su ciclo vital, desde la creación de enstancias infantiles hasta el otorgamiento de pensiones dignas, pasando por el acceso real a sistemas de salud, subsidios al desempleo, programas para creación de empleo, etc.