Andrés Trigos – @andrestrigos
Observatorio Económico de Antioquia – Obea
La regla fiscal es una herramienta para planear cómo evoluciona el déficit fiscal de un país hacia el futuro, año por año. Está asociada al ciclo económico y al ciclo minero-energético, y según la ortodoxia económica, establecer el mecanismo permite que los déficits de los ingresos asociados a ambos sectores, en bonanza se contraigan y en momentos difíciles se amplíen. Se busca, entre otras, regular el gasto público para contener los choques económicos producidos por las contracciones económicas y ampliar políticas lejos del beneficio de las mayorías.
Antes de establecer dicha regla, existían en Colombia algunos mecanismos de control del gasto, pero ninguno tan vinculante. El Plan Financiero y el Marco Fiscal de Mediano Plazo son mecanismos que, aunque persisten, carecen de la fuerza legal de la que goza la Regla Fiscal en los organismos de crédito internacional y las calificadoras de riesgo. Fue con dicho mecanismo como Colombia recuperó su grado de inversión en 2011.
Aunque amarrar el gasto público profundiza las secuelas negativas del modelo neoliberal, con la Regla Fiscal el país goza de transparencia sobre el presupuesto público y lleva un balance sobre el nivel sostenible de deuda y gasto. Sin embargo, Carrasquilla ha hecho todo lo posible por hacer trampas fiscales en las cuentas del país.
Particularmente este gobierno ha aprovechado la ley para hacerle trampa a la Regla Fiscal. La ley define el ingreso estructural como el ingreso total del Gobierno nacional central ajustado por efectos del ciclo económico, el minero-energético y “otros similares”. La última expresión ha sido usada por Carrasquilla para gastarse recursos no recurrentes, no estructurales, como, por ejemplo, las utilidades extraordinarias del Banco de la República en 2019 por 7 billones, e incluirlos como recursos atribuibles a la estructura económica, lo que no le aumentaría el déficit total fiscal. Algo similar pasaría con la venta de activos por 12 billones, un ingreso único e impredecible que podría contabilizar como ingreso estructural, sin serlo.
Lo mismo pasó cuando el gobierno pidió un espacio fiscal de cerca de 15 billones hasta 2024 al Comité Consultivo de la Regla Fiscal para atender la población migratoria y cuyos resultados se desconocen. La decisión le permitió al gobierno certificar ante las calificadoras de riesgo y deuda que los efectos de las llamadas leyes de financiamiento y crecimientos de 2018 y 2019, respectivamente, que para 2020, 2021 y 2022 reducían los ingresos del Estado, no tendrían efectos perjudiciales en la estabilidad macroeconómica.
La situación fiscal del país no es fácil. Por decisiones tributarias aberrantes que entregan enormes exenciones tributarias a los más poderosos, sumadas a la crisis de la pandemia, el país verá debilitados sus ingresos tributarios, mientras calificadoras como Fitch Ratings siguen presionado incrementos de los ingresos fiscales del país en 2% del PIB. Con la crisis se le apareció la Virgen a Carrasquilla para ocultar sus trampas a la Regla Fiscal. Como para 2022 debe tomar decisiones que recompongan los ingresos y gastos, su propuesta para cuadrar las cuentas es caerle al país con una nueva reforma tributaria, la ya agenciada por la OCDE y el FMI (Ver columna del economista Diego Cortés https://dignidad.co/actualidad/blogs-y-columnistas/reforma-tributaria-post-covid-receta-ocde-fmi/ ), que incluye ampliar el IVA a la canasta familiar.
Quedará en evidencia que son sus mismos engaños fiscales los que nos tienen en esta situación.